Ejemplos de Derecho Internacional Privado

Los ejemplos de Derecho internacional privado aparecen cuando una relación entre particulares presenta una conexión relevante con más de un país. Puede ocurrir porque las partes tienen distintas nacionalidades o residencias, porque un contrato debe cumplirse en el extranjero, porque el daño se produce fuera de España, porque una herencia contiene bienes en varios Estados o porque se pretende hacer valer aquí una sentencia extranjera.

No debe confundirse con el Derecho internacional público, que regula principalmente las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales. El Derecho internacional privado se ocupa de situaciones privadas —familiares, civiles o mercantiles— y ordena jurídicamente su dimensión internacional.

Las tres preguntas del Derecho internacional privado

Ante un asunto internacional no basta con preguntar quién tiene razón. Antes deben resolverse tres cuestiones diferentes:

1. ¿Qué tribunales son competentes? Hay que determinar en qué país puede presentarse la demanda. Pueden influir el domicilio del demandado, la residencia habitual, el lugar de entrega de una mercancía, el lugar donde se prestó un servicio o donde se produjo un daño.
2. ¿Qué ley debe aplicarse? El tribunal competente no aplica necesariamente su propia legislación. Un tribunal español puede tener que aplicar Derecho francés, italiano o de un tercer Estado si así resulta de la norma de conflicto correspondiente.
3. ¿La resolución será reconocida y ejecutada en otro país? Obtener una sentencia no siempre basta. Si el obligado o sus bienes están en otro Estado, debe comprobarse cómo puede reconocerse y ejecutarse allí la decisión.

Estas preguntas están relacionadas, pero no son equivalentes. Una cláusula que elige la ley aplicable no atribuye por sí sola competencia a un tribunal, y una cláusula de jurisdicción no determina necesariamente qué ley regirá el fondo del asunto.

Ejemplos personales de Derecho internacional privado

1. Una compra por internet a una empresa extranjera

Una persona residente en Sevilla compra un ordenador en una tienda alemana cuya web vende y envía productos expresamente a España. El equipo llega defectuoso y la empresa rechaza la devolución.

Si se cumplen los requisitos propios de los contratos de consumo, el Reglamento (UE) 1215/2012, conocido como Bruselas I bis, permite normalmente al consumidor demandar ante los tribunales de su domicilio o ante los del domicilio de la empresa. En cambio, la empresa solo puede demandar al consumidor, como regla general, ante los tribunales del domicilio de este.

Respecto de la ley aplicable, el Reglamento Roma I protege al consumidor cuando el profesional ejerce o dirige su actividad al país donde aquel reside. Aunque las condiciones generales elijan la ley alemana, esa elección no puede privar al consumidor de la protección inderogable que le correspondería conforme a la ley aplicable en ausencia de elección.

Si se dicta una resolución en un Estado miembro, Bruselas I bis facilita su circulación: el reconocimiento se produce sin necesidad de un procedimiento especial y una resolución ejecutiva en el Estado de origen puede ejecutarse en otro Estado miembro sin declaración previa de fuerza ejecutiva, sin perjuicio de los requisitos y posibles causas de denegación previstos en el propio Reglamento.

2. Un accidente de tráfico ocurrido en otro país

Una persona residente en España sufre un accidente en Portugal causado por un conductor domiciliado en Francia. Para decidir dónde reclamar, puede ser relevante tanto el domicilio del demandado como el lugar donde ocurrió el hecho dañoso, conforme a las reglas europeas de competencia.

La ley aplicable es una cuestión distinta. El Reglamento Roma II establece como regla general que la obligación extracontractual se rige por la ley del país donde se produce el daño directo. En este ejemplo, la responsabilidad civil se analizaría en principio conforme a la ley portuguesa, aunque existen excepciones, entre ellas que responsable y perjudicado tengan su residencia habitual en el mismo país o que el caso presente vínculos manifiestamente más estrechos con otro Estado.

Por tanto, la nacionalidad española de la víctima no determina automáticamente ni el tribunal competente ni la legislación aplicable.

3. Divorcio, custodia y residencia en distintos Estados

Una pareja de nacionalidades española e italiana ha vivido varios años en Francia. Tras la separación, uno de los progenitores se traslada a España y el menor continúa residiendo en Francia.

El Reglamento (UE) 2019/1111 contiene reglas sobre competencia, reconocimiento y ejecución en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Para el divorcio existen varios criterios de competencia relacionados, entre otros factores, con la residencia habitual de los cónyuges. En responsabilidad parental, la regla general atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro donde el menor tenga su residencia habitual cuando se presenta el asunto, aunque el Reglamento contempla excepciones.

Esto significa que el tribunal competente para el divorcio no tiene por qué ser también el competente para resolver sobre la custodia compartida en caso de divorcio o separación. Además, la ley aplicable al divorcio se determina separadamente. En España resulta relevante el Reglamento Roma III, que permite elegir entre determinadas leyes vinculadas con los cónyuges y establece una escala de conexiones cuando no existe elección válida.

Antes de iniciar actuaciones conviene reconstruir con precisión dónde ha vivido la familia, durante cuánto tiempo y dónde se encuentra el centro efectivo de vida del menor.

4. Una herencia con bienes en varios países

Un ciudadano alemán reside habitualmente en Málaga, donde fallece. Deja una vivienda en España y una cuenta bancaria en Alemania. No debe asumirse que el reparto de la herencia se rige necesariamente, para cada bien, por la ley del país en el que está situado.

El Reglamento (UE) 650/2012 sobre sucesiones establece, como regla general, que son competentes los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Esa misma residencia habitual determina normalmente la ley aplicable a la totalidad de la sucesión.

En el ejemplo, los tribunales españoles serían en principio competentes y la sucesión se regiría normalmente por la ley española. Sin embargo, el causante podía haber elegido en una disposición mortis causa la ley del Estado cuya nacionalidad poseyera, por ejemplo la alemana. La fiscalidad, la inscripción registral de los bienes y otras materias excluidas deben estudiarse de forma separada.

Ejemplos empresariales de Derecho internacional privado

5. Importación de maquinaria y falta de conformidad

Una empresa española celebra un contrato de compraventa de maquinaria con un fabricante italiano, con entrega pactada en Valencia. Tras recibirla descubre defectos graves.

Sin una cláusula válida de elección de tribunal, Bruselas I bis permite tomar en consideración el domicilio del demandado y, en materia de compraventa, el lugar donde las mercancías fueron o debían ser entregadas. Según el contrato y la pretensión ejercitada, los tribunales españoles podrían ser competentes por haberse pactado la entrega en Valencia.

La ley aplicable debe examinarse con Roma I. Las partes pueden elegirla expresamente. Si no lo hacen, la compraventa de mercaderías se rige, como regla general, por la ley del país donde el vendedor tiene su residencia habitual, sin perjuicio de las excepciones del Reglamento. Así, un tribunal español podría resultar competente y, al mismo tiempo, tener que aplicar Derecho italiano.

6. Litigio relacionado con una sucursal

Una sociedad neerlandesa opera en España mediante una sucursal en Barcelona. Si el litigio deriva directamente de la explotación de esa sucursal, Bruselas I bis permite demandar ante los tribunales del lugar donde se encuentra. La mera existencia de la sucursal, sin embargo, no convierte en españoles todos los litigios de la sociedad: debe existir una conexión suficiente con su actividad.

¿Qué ocurre con una sentencia de un país no perteneciente a la Unión Europea?

Si una empresa obtiene una sentencia firme en un tercer Estado y el deudor posee bienes en España, primero debe comprobarse si existe un tratado internacional aplicable. A falta de norma europea, tratado o régimen especial, puede resultar aplicable subsidiariamente la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Esta ley regula el reconocimiento de sentencias extranjeras mediante el exequátur y, en su caso, su ejecución. El procedimiento no sirve para volver a juzgar el fondo del litigio. No obstante, el reconocimiento puede denegarse por causas tasadas, como la contradicción con el orden público, una manifiesta vulneración de los derechos de defensa o la incompatibilidad con determinadas resoluciones anteriores.

Información que conviene reunir desde el principio

• Domicilio, residencia habitual y nacionalidad de las personas implicadas, con las fechas de cada cambio.
• Contrato completo, condiciones generales y cláusulas sobre tribunal y ley aplicable.
• Lugar de entrega de bienes o de prestación de servicios y prueba de lo realmente ejecutado.
• En asuntos familiares, historial de residencias y documentación sobre la vida habitual del menor.
• En sucesiones, testamentos, nacionalidades, residencia del causante y relación de bienes y deudas.
• Si ya existe una sentencia, copia auténtica, prueba de su firmeza o fuerza ejecutiva y documentación relativa a la notificación al demandado.
• Si deben practicarse notificaciones o pruebas en otro país, comprobar si es necesaria una rogatoria internacional u otro instrumento de cooperación.

Conclusión

Un detalle internacional puede cambiar el país en el que conviene actuar, la ley que resolverá el conflicto y los trámites necesarios para que una decisión produzca efectos. Analizar esas tres cuestiones antes de demandar, firmar un contrato, trasladar la residencia familiar o planificar una herencia evita decisiones costosas y difíciles de corregir.

Si tu caso conecta con varios países, una revisión temprana de los documentos y de las normas aplicables permite definir una estrategia realista antes de iniciar actuaciones.

Este contenido tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado.

Etiquetas:

Categorías: